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LAS FALSEDADES DEL CONVENIO, LA SEGUNDA: JORNADA Y HORARIOS.
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LAS FALSEDADES DEL CONVENIO. LA PRIMERA: ¿SUBIDA? SALARIAL.
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CONVENIO SECTOR AHORRO: CCOO, CSICA Y UGT FIRMAN EL CONVENIO DE LA PRECARIEDAD Y EL DESEMPLEO.
Ayer, 30 de junio, estuvimos a unas horas de que operara la contractualización del convenio colectivo en nuestros contratos individuales, evitando así la pérdida de derechos, y una vez más, con la firma del tripartito sindical,
De Guindos confirma la multa de 12 millones de euros a Deloitte por el caso Bankia.
NOTICIA PUBLICADA EN: EXPANSION.COM
La sanción se impone porque la consultora vulneró su deber de indepndencia a la hora de supervisar las cuentas de la entidad bancaria.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha confirmado hoy la multa de 12 millones de euros impuesta a la empresa auditora Deloitte por su actuación en la salida a bolsa de Bankia.
En una visita a Ávila, De Guindos ha explicado que el equipo del Ministerio encargado del recurso presentado por Deloitte ha resuelto en el mismo sentido que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) e impone la multa de 12 millones a la auditora por vulnerar su deber de independencia a la hora de supervisar las cuentas de una entidad, en este caso, de Bankia.
El ministro en funciones ha explicado que esta resolución es un "procedimiento habitual" ante la propuesta de sanción que realiza el Icac.
El 20 de octubre de 2014, el Icac aprobó el acta de la reunión de principios de ese verano en la que impuso una sanción a Deloitte de 12 millones de euros por sus trabajos para Bankia en la época de Rodrigo Rato.
El pasado 20 de junio, Deloitte y uno de sus socios, Francisco Celma, explicaron que la multa de 12 millones impuesta por falta de independencia se debió a la inexperiencia en el ámbito de la auditoría de los propios representantes de ese organismo.
Celma argumentó entonces que la sanción era "un contrasentido" ya que tanto la firma como él son expedientados por un organismo oficial, el ICAC, por haber prestado unos servicios profesionales solicitados por otro organismo del Estado, la CNMV.
Anticorrupción rechaza investigar al Banco de España y a la CNMV por la salida a bolsa de Bankia.
ELDIARIO.ES
La decisión de la Fiscalía, tomada antes de la declaración de Deloitte, se hace pública dos días después de la petición de la auditora de investigar a los supervisores.
Anticorrupción considera que "no es posible" participar de manera imprudente en una estafa.
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que los máximos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) participaran "consciente, voluntaria y materialmente" en la presunta estafa que supuso la salida a Bolsa de Bankia y, en consecuencia, ha negado que una supuesta "desidia" en su labor de supervisión sea constitutiva de un ilícito penal.
El fiscal Alejandro Luzón se opone a admitir la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) de citar en calidad de investigados al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exvicepresidente de la CNMV Fernando Restoy, al antiguo subgobernador del regulador Javier Aríztegui y al exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.
El representante del Ministerio Público explica que la CIC, presidida por Gonzalo Postigo, ha criticado la "desidia o el déficit de actuación" de estos organismos por la falta de alcance de su función de vigilancia y control. Sin embargo, pone de relieve que "no es posible" participar a título de imprudencia en un delito doloso, como es el caso de la estafa, en el que el engaño es la "médula, el alma o la piedra angular".
Tras recordar que la responsabilidad por imprudencia ha sido ya descartada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el fiscal recuerda que es "todavía más insostenible" perseguir una actuación dolosa porque no existen pruebas en la causa y "resulta radicalmente incompatible con la intervención que estas instituciones han tenido con vistas a la corrección de diversas malas prácticas en su momento detectadas".
"La opción de considerar la existencia de un delito doloso, esto es que los funcionarios del Banco de España o de la CNMV participaron dolosamente por omisión en el delito de estafa que se investiga en estos autos, equivale a admitir que dichos funcionarios contribuyeron consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo", ha concluido.
La CIC, defendida por el abogado Andrés Herzog, acusó a los responsables del Banco de España de "ocultar" los "problemas" y las irregularidades contables detectadas, mientras que afeó a la CNMV permitir la operación de julio de 2011 al "eximir a la entidad de la presentación de sus cuentas anuales auditadas".
En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por UPyD --que se ha retirado del caso--, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.
POLITICA DE CIC
POLITICA DE CIC
El ámbito de actuación de la Confederación Intersindical de Crédito, en adelante CIC, será todo el territorio español. La CIC también podrá actuar en cualquier territorio donde estén presentes las empresas en las que tenga organizaciones afiliadas.
La CIC estará compuesta por organizaciones sindicales independientes de entidades/empresas relacionadas con el ámbito de actuación de la Confederación. Las organizaciones integrantes no poderán formar parte, ni compartir sus funciones con otra Confederación del estado español, que no haya sido autorizada por el Secretariado de la CIC.
La CIC es una organización intersindical, democrática y libre, que rechaza explícitamente toda dependencia de cualquier grupo de presión, ya sea económico, político, social o religioso.
La existencia y funcionamiento de la CIC, se rige por los siguientes principios democráticos:
- Defender y promover los intereses de las organizaciones confederasas, representándolas allí donde las restricciones legislativas no les permitan estar representadas por sí mismas.
- Fomentar la solidaridad entre los trabajadores y sindicatos del sector.
- Ejercer los derechos de reunión, expresión, manifestación pública y huelga de acuerdo con la legislación vigente.
- Participar en la negociación del Convenio Colectivo del sector y cualquier otra negociación de ámbito estatal como elementos de defensa de los intereses de los empleados.
- Impulsar y desarrollar la igualdad de oportunidades, así como combatir cualquier tipo de discriminación, sea por el motivo que sea, y especialmente por razaón de género, ideología, creencias o razas.
- Promover el desarrollo de la acción y aistencia social de los trabajadores.
- Reclamar una legislación laboral justa.
- Cualquier otra que se considere beneficiosa para la organización, y para los trabajadores a los que representa.
- Velará por la integridad del sistema financiero, denunciando cualquier tipo de corrupción ante las instituciones del estado adecuadas para la correción de las conductas delictivas que haya tenido conocimiento.
Para el cumplimiento de estos principios CIC establecerá democráticamente a las representaciones, delegaciones y alianzas que el Secretariado crea convenientes.
CONVENIO COLECTIVO AHORRO: SE ESTA NEGOCIANDO FUERA DE LA MESA Y LA FIRMA ESTA ACORDADA.
Ayer, 21 de junio, tuvo lugar la que probablemente sea la penúltima mesa de negociación del Convenio Colectivo.
Las tarjetas opacas de Caja Madrid llegan a juicio tras dos años de pesquisas.
PUBLICADO EN: LA VANGUARDIA
Madrid, 11 jun (EFE).-
El juicio por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, que tendrá que aclarar si el uso que hicieron de ellas 65 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, fue o no irregular, comienza en septiembre tras dos años de diligencias.
El escándalo por el uso de las tarjetas fue detectado por la Fiscalía Anticorrupción en un informe, realizado en 2014 a instancias de la auditoría interna de Bankia, en el que señalaba a los que habían dispuesto de unas tarjetas de crédito supuestamente opacas y sin soporte contractual.
Bankia-BFA y el FROB ejercen la acusación particular, en tanto que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), a la que representa el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, la acusación popular.
Anticorrupción pide 4,5 y 6 años de cárcel para Rato y Blesa, respectivamente, en tanto que el FROB y la propia Bankia solicitan entre 6 y 10 años de cárcel por posible administración desleal de los exmiembros del consejo.
La CIC, agrupación de asociaciones y sindicatos de las antiguas cajas que preside Gonzalo Postigo, solicita penas de cárcel de diez años para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, y de seis años para los otros 62 procesados.
A lo largo de la instrucción los acusados han expuesto ante el juez variados argumentos para defender su inocencia e intentar demostrar que el uso de las tarjetas no implica delito alguno.
Rato alegó que su uso era una práctica plenamente aceptada cuando accedió al cargo, incluida en su contrato y conocida por Hacienda y por los supervisores.
La entrega y el uso de dichas tarjetas por parte de consejeros y directivos era una práctica "notoria" en Caja Madrid, establecida antes de su llegada a la entidad y en la que el exvicepresidente no tuvo ninguna participación.
Blesa traslada a su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro, la puesta en marcha de este sistema, con el que se pretendía dignificar la función de los consejeros y compensar sus esfuerzos y dedicación.
Otros argumentos esgrimidos por los acusados han sido que se trataba de una remuneración en concepto de representación, y que en ningún caso se puede hablar de apropiación indebida porque era notoria la naturaleza retributiva de las tarjetas, así como el control mensual de los gastos tanto por parte de Caja Madrid como de Bankia.
Nada de esto ha convencido al juez, que ha rechazado todos los recursos presentados por los investigados y que en el auto de apertura de juicio oral señaló que existen indicios "meridianamente claros" del uso delictivo dado a las tarjetas.
Durante dos días, 23 y 26 de septiembre, las partes formularán sus cuestiones previas, y a partir del 30 de septiembre se procederá a los interrogatorios, que previsiblemente inaugurarán los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
Posteriormente, los días 10, 11 y 13 de octubre desfilarán los testigos, mientras que dos semanas después lo harán los expertos aportados por las partes con el fin de defender las pruebas periciales incorporadas a la causa.
La CIC denuncia en el Banco de España una posible prevaricación por no vigilar a las cajas en plena crisis.
LA VANGUARDIA
Dice que los responsables de las cajas, lejos de ser inhabilitados por su "ruinosa" gestión, se fueron con "pensiones millonarias"
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha presentado este lunes en el Banco de España un escrito en el que aprecia un posible delito de prevaricación cometido por el organismo supervisor, al incumplir la Ley de Disciplina e Intervención que le obligaba a vigilar y sancionar a las cajas de ahorros durante la crisis económica.
La organización, presidida por Gonzalo Postigo, ha interpuesto este documento que se acompaña de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que constata las "debilidades, incumplimientos y actuaciones incorrectas" cometidas por el Banco de España en el 'caso Bankia'; así como de un estudio de la CECA dando cuenta de la pérdida de más de 46.000 empleos en el sector de las cajas de ahorros desde 2009.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está dirigido al gobernador Luis María Linde y al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva y expone que la Ley sobre Disciplina e Intervención, vigente desde 1988 hasta 2014, contemplaba la potestad del Banco de España de imponer sanciones a las entidades que infringieran normas de carácter monetario o afectaran a su solvencia.
Sin embargo, la CIC advierte de que los responsables y directivos de las cajas que tuvieron que ser rescatadas y que, con su "ruinosa" gestión "quebraron" dichas entidades, no han sido inhabilitados y, en su lugar, "disfrutan de pensiones millonarias o siguen en sus puestos de responsabilidad".
"Consideramos un gran sarcasmo, que las dos únicas personas que han sido sancionadas con la inhabilitación hayan sido dos sacerdotes de Cajasur, por la aplicación de la Ley de Disciplina e Intervención. Ni tan siquiera fue inhabilitado el director general. Pero y ¿qué ha ocurrido con el resto de las Cajas que tuvieron que ser rescatadas?", se pregunta la CIC, para hacer referencia a los casos de Catalunya Caixa, Caixa Tarragona, Caja Inmaculada, las cajas gallegas, Caja Sol o Caja Segovia.
DEBER DE IR A ANTICORRUPCIÓN.
La CIC ha tenido constancia, según los datos que ha podido localizar, que las sanciones se han limitado a directivos de Cajasur y Caja Castilla-La Mancha, y concluye que la "falta de diligencia" de los órganos rectores del Banco de España, al menos, desde 2006, es constitutiva de un "posible delito de prevaricación por comisión u omisión". "Es nuestro deber trasladar toda la información que actualmente disponemos a la Fiscalía Anticorrupción por, si lo estima oportuno, abrir diligencias", indica en su escrito.
La CIC, personada en las causas seguidas en los tribunales sobre Bankia, Banca Cívica, Caja Segovia o Caja Inmaculada, pone de manifiesto que las actuaciones judiciales han reflejado que "desde los ejercicios de 2006 se han cometido actuaciones muy graves y graves en materia de gestión en el sector de las cajas de ahorro, que son punibles y cuya responsabilidad derivaría en materia penal, civil y administradores".
Recuerda que la propia Asociación de Inspectores del Banco de España puso de relieve ante el Ministerio de Economía en mayo de 2006 los "riesgos" que apreciaban en el sector financiero a través de las inspecciones 'in situ' que realizaban en las cajas.
La IGAE denunció igualmente que el supervisor bancario "incumplió" la normativa y "suavizó" las conclusiones de los inspectores que analizaron la situación de Bankia. "La labor del supervisor quizás podría haber sido más severa en el pasado, no permitiendo el crecimiento desorbitado, que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción del problema, y llevó a la situación conocida", remarcó en el informe entregado a Anticorrupción en 2013.
La auditora Deloitte y su socio Celma declararán mañana en la Audiencia Nacional por la supervisión de Bankia.
ARTICULO DE LA VANGUARDIA
El representante legal de la auditora Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, declararán este lunes en calidad de investigados ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, solicitaron al magistrado el interrogatorio al considerarles "responsables directos" del "masivo fraude" perpetrado en el debut bursátil.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya tomó declaración a Celma en febrero de 2013 como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.
La CIC solicitó esta diligencia después de que los peritos judiciales ratificaran que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".
La acusación popular considera que Deloitte es responsable de haber avalado las cuentas reformuladas en mayo de 2012, que también tenían "errores contables" y que los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras calificaron en su dictamen complementario de "inexplicables, sorprendentes y contrarias a la normativa nacional e internacional".
En contra de las razones esgrimidas por el equipo gestor del banco, señala que ninguna entidad española reformuló sus cuentas del ejercicio de 2011 a causa de la crisis económica ni de los reales decretos 2/2012 y 18/2012 ni por los informes de organismos internacionales.
DECLARACIONES DURANTE LA INSTRUCCIÓN
Las acusaciones, que ya solicitaron hace un año esta diligencia, fundamentan también su petición en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas.
Mora defendió ante el juez la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.
En la declaración judicial que prestó el 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu, Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).
El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.
"No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.
CASO BANKIA
En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo '15mpaRato' y UPyD --que se ha retirado del caso--, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.