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La acusación popular del Caso Bankia, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) lanza un crowdfunding para poder asumir el coste del juicio oral, que comenzará el próximo 8 de enero y se prolongará más de seis meses.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular que hasta el momento ha liderado la acusación del llamado “caso Bankia”, en el que se investiga el posible fraude en la salida a bolsa de la entidad y su multimillonario rescate por todos los españoles, anuncia el lanzamiento de un crowdfunding a fin de poder asumir el coste del juicio oral, que comenzará el próximo 8 de enero de 2019 y que se prolongará hasta fines de junio de 2019. Dicho juicio oral será el colofón de una macro-causa, cuya instrucción comenzó hace seis años, que cuenta con un total de 35 acusados: los 31 consejeros imputados, exdirectivos de Bankia y BFA, el socio de Deloitte encargado y la propia sociedad de auditoría.

En el ejercicio de la acusación popular, gracias a la cual se van a sentar en el banquillo dichos acusados, CIC se ha enfrentado a una verdadera legión de abogados defensores, con recursos prácticamente ilimitados, lo que le ha supuesto hasta la fecha un gasto de más de 70.000 euros (incluyendo el abono de las fianzas, gastos de abogados, etc.), careciendo de más recursos económicos para poder afrontar este juicio, de cara al cual lanza un crowdfunding con el objetivo de recaudar 30.000 euros en el plazo de 30 días (hasta el próximo 10 de enero), de cuyo éxito depende que pueda continuar con el ejercicio de la acusación o retirarse.

En el presente caso es especialmente importante la labor realizada por esta acusación popular y de su abogado Andrés Herzog, y su presencia en el acto del juicio, toda vez que el Estado, a través del FROB, ha hecho dejación absoluta de sus funciones y la fiscalía sólo mantiene su acusación (de momento) frente a cuatro consejeros, eximiendo de responsabilidad a la empresa auditora, además de haber colaborado también a que quedaran fuera los organismos supervisores.

No solo la acusación popular ha llevado hasta ahora el peso de la investigación, proponiendo la mayor parte de las diligencias que han hecho avanzar a la causa, sino que su ausencia del juicio oral significaría que importantes testigos del caso quedarían también eximidos de declarar, tales como el ex ministro de economía, Luis de Guindos, los ex presidentes de Caixabank o BBVA, Isidro Fainé y Francisco González, o Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde.

Por todo ello hacemos un llamamiento a nuestros asociados, organizaciones de todo tipo, partidos políticos, sindicatos y a todos los ciudadanos comprometidos, que quieran colaborar a hacer Justicia y a que estos gravísimos hechos tengan por una vez consecuencias, aportando su granito de arena para sostener esta cruzada contra los fraudes bancarios, la corrupción y el clientelismo, en cuyo origen se encuentra no sólo el despilfarro sino también la falta de control de nuestras instituciones, como el Banco de España, el FROB o la CNMV.

Ponemos a disposición de todos los que quieran colaborar una cuenta abierta con esta finalidad, de la que daremos puntual cuenta con absoluta transparencia, informando detalladamente de la marcha de la crowdfunding y del cumplimiento de su objetivo, que irá íntegramente destinado a poder hacer frente a los costes del proceso judicial.

IBAN ES13 2103 0410 0700 3000 3142

En el concepto de la transferencia, rogamos poner un email de contacto.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y difusión de la presente campaña de recaudación de fondos.

Ayer, 3 de octubre, se hizo público el fallo del Tribunal Supremo ante los recursos presentados frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de la pieza separada denominada Tarjetas Black. Esta nueva sentencia confirma que el  ex vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, el Sr. Rato, irá a la cárcel, al igual que irán varios sindicalistas de CCOO y UGT. CIC ha sido la principal acusación popular en este caso.

Consideramos dicha sentencia justa, pese a que ha omitido la administración desleal para tres de los directivos, tal y como habíamos solicitado y que seguimos creyendo que dicho delito existió.

Hace unos años parecía impensable que esto pudiera ocurrir, pero CIC ha demostrado que, con un gran esfuerzo y voluntad, todo es posible.

Ahora nuestro esfuerzo va a centrarse en recuperar los derechos que perdimos los trabajadores en los dos convenios colectivos, cuya negociación se vio contaminada por el uso de las tarjetas black ya que estaban sentados en la mesa de negociación, sindicalistas de CCOO y UGT que mantenían las mencionadas TARJETAS BLACK.

Este es uno de nuestros YES WE CAN, que compartimos con todos los que han apoyado y trasladamos al resto de trabajadores del sector. Nos quedan muchos retos más, esperamos que compartas nuestros objetivos y valores.

El día de ayer, fue un día histórico en la lucha sindical en nuestro sector y tal vez en nuestro país, gracias al recurso que interpusimos al auto del Juez Andreu, finalmente han sido imputados los principales responsables del Banco de España, era nuestra cuarta solicitud. Con ello hemos finalizado nuestras solicitudes de imputación, que estaban sostenidas por los tres actores del desastre financiero producido en Bankia, el equipo directivo, la auditora Deloitte (a la cual terminó el juez imputándola a nuestra tercera solicitud) y finalmente parte de la jefatura del Banco de España y la CNMV que tuvo responsabilidad directa en la autorización de la salida a Bolsa de Bankia.

La búsqueda de la verdad y de las responsabilidades por todo lo ocurrido, en especial por los 47.000 puestos de trabajo perdidos en el sector y los más de 10.000 perdidos en Bankia, junto con el grave deterioro de las condiciones de trabajo a las que nos enfrentamos a diario los trabajadores en el sector, son las motivaciones que nos han hecho llegar tan lejos.

Este triunfo no hubiese sido posible sin esa parte de trabajadores que nos apoya incondicionalmente, a través de su afiliación o colaborando activamente con nosotros. Es necesario que en esta recta final, sintamos vuestro apoyo.

Recordad que la corrupción y la politización de determinadas instituciones destruyen puestos de trabajo, lo hemos visto muy de cerca en nuestro sector, os lo anticipamos en nuestro último comunicado sobre el juicio las tarjetas black en el que también ejercemos de acusación.

Colabora con nuestra campaña de micromecenazgo en el crowdfounding que mantenemos abierto : https://www.e-cic.es/donaciones-a-cic.html

Ayer quedo el mediático juicio de las #TarjetasBlack visto para sentencia. Desde la Confederación Intersindical de Crédito esperamos que la Audiencia Nacional

Hoy lunes 16 de enero comenzamos una campaña de recaudación colectiva con el fin de iniciar nuevas querellas por la gestión delictiva y financieramente desastrosa para nuestro país que se llevó a cabo en las Cajas de Ahorro. Y para reclamar, a través de las diferentes instituciones del estado, LA REGENERACIÓN DEL  BANCO DE ESPAÑA, cuya jefatura es la principal responsable de la situación que atravesamos tanto los empleados del sector financiero como de las consecuencias que han padecido y siguen padeciendo los ciudadanos.

Puedes colaborar a través de C/C abierta al efecto en Unicaja:

ES13 2103 0410 07 0030003142

O a través de Paypal:

paypal@e-cic.es

PARA DONAR CLICK AQUÍ: Si bien tanto la transferencia como el pago por Paypal deben registrarse a través de nuestra página web: www.e-cic.es , para mantener el registro de las donaciones y garantizar la transparencia en cuanto al importe de lo recaudado, la identidad de los donantes no será pública.

Durante los últimos años se han producido 47.050 despidos en nuestro sector, como consecuencia del nefasto comportamiento de la cúpula directiva de numerosas Cajas de Ahorros, de ciertos auditores y del Banco de España y la CNMV. Muchos de nuestros compañeros, sobre todo los que mantenían contratos de relevo o temporales, perdieron sus puestos de trabajo en unas condiciones inadmisibles, y los que seguimos trabajando vemos cómo nuestras condiciones laborales se vienen deteriorando de una manera lamentable. Mientras, el Banco de España, que disponía de los medios humanos y las herramientas legales para poder haber minimizado los efectos de la crisis que estamos soportando, se dedicaba a “contemplar” los montones de escombros en que se iban convirtiendo nuestras Entidades, antaño un ejemplo de buena gestión y de servicio al ciudadano a través de su actividad financiera y de la Obra Social.

Por el contrario, durante todo este desastre, sabemos que la carrera profesional de la mayor parte de la jefatura del Banco de España involucrada no sólo no ha sido penalizada, sino ampliamente recompensada, a través de sucesivos ascensos hasta los más altos niveles de esta anteriormente prestigiosa institución o premiada con jubilaciones y prejubilaciones millonarias, como pago por la ruinosa gestión realizada de la crisis, tanto para el Estado y el conjunto de los ciudadanos, como para nosotros, los empleados del sector.

Esta jefatura, que en su mayoría es la misma que actualmente sigue dirigiendo y dictaminando cuál es el rumbo que nuestro sistema financiero debe tomar, no puede continuar al mando, puesto que ha demostrado su incapacidad manifiesta a la hora de haber prevenido, gestionado y resuelto la crisis que atravesamos. A pesar de que a través del cuerpo de Inspectores de Entidades de Crédito tanto la cúpula de este organismo como el propio Ministro de Economía fueron avisados repetidamente, y con tiempo más que suficiente, de lo que estaba por venir a partir de 2007 si no se adoptaban medidas correctoras. Ahora sabemos que incluso durante la propia crisis siguieron alertando de lo erróneo de las decisiones que se estaban adoptando y del coste que supondría en términos de recursos públicos y de puestos de trabajo para nuestro país.

Por todo ello, contamos con vuestra colaboración para contribuir a regenerar nuestro sistema financiero. En CIC estamos convencidos de que un correcto funcionamiento de las instituciones del estado, en particular Banco de España y CNMV, es la mejor garantía para mantener nuestros puestos de trabajo, y para los ciudadanos, la mejor protección de sus intereses.

Cuentan que, recién conquistada Atenas, Alejandro Magno se plantó ante el tonel en el que vivía Diógenes y le dijo que deseaba hacerle un regalo. Diógenes preguntó el motivo y Alejandro le respondió que, por lo que le habían dicho, era el hombre más honesto de Grecia y la respuesta fue: «Pues deja que lo siga siendo y no intentes comprarme».

ARTICULO ORIGINAL EN EL MUNDO.ES

Explico esto para que quede claro que no me cabe la menor duda de que su desmedida admiración de la honestidad es lo que impulsó a Miguel Blesa a ofrecer visas black a todo aquel que tuviera voto en su reelección como presidente de Caja Madrid. Pero también aprendimos de los griegos que la desmesura, incluso en la práctica de la virtud, es el desencadenante de la tragedia.

Como presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), me interesan aquellos de los procesados que son compañeros en la actividad sindical. Dejaré de lado los gastos de aquellos, como Francisco Baquero de CCOO, que llegaron al extremo de la mezquindad cargando a su tarjeta la televisión de pago. ¿Partidos de fútbol para tener tema de conversación en el Consejo?

Quiero hablar de esos compañeros que han buscado una eximente o atenuante diciendo que los gastos que realizaron fueron para su sindicato. ¿Ha visto alguien, alguna vez, que la afirmación «He compartido mi botín con mi banda» sirva para disminuir la responsabilidad penal? Sí que lo hemos visto en algunos casos de políticos que usan como defensa que no buscaban un enriquecimiento personal, pero han utilizado el dinero público para crear redes clientelares.

Quienes pretenden exonerarse manifestando que han compartido el botín creo que logran exactamente lo contrario. Un sistema democrático no puede permitir el uso de medios ilegales interfiriendo en la competencia entre las organizaciones sindicales. Lo que han confesado es que, además de robar, han proporcionado una financiación ilegal a sus sindicatos y han introducido un desequilibrio, atentando contra la libertad sindical.

Para finalizar, vuelvo al principio. Ustedes pueden creer que Miguel Blesa proporcionó las black a mis compañeros sindicalistas admirado por su honestidad. O pueden pensar que la función esencial del dinero, es comprar. Comprar votos y voluntades en su consejo de administración. Comprar unos Convenios Colectivos que mantienen pérdidas de derechos. Comprar la destrucción de más de 47.000 empleos en el sector. Y también, ayudar a sus acólitos a comprarse una desigual competencia sindical proporcionándoles medios de los que los demás no disponemos.

Pero, como dijera Blas de Otero, Nos queda la palabra. Y ahora, con su venia, se la dejo a ustedes porque hoy son el jurado.

Gonzalo Postigo es presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce como acusación en el caso de las tarjetas 'black.'

Mañana viernes, comienzan los interrogatorios de las ya famosas e ilegales tarjetas black. El fiscal Luzón ya les ha anticipado a los abogados de las defensas que “todos los españoles tenemos vela en este entierro”, pero desde CIC que ostenta la acusación popular, al lado de Bankia (acusación particular) y el FROB (acusación también particular), vamos a iluminar con nuestra vela, la parte más social del este funeral, la que atañe a los trabajadores y a la libertad sindical.

CCOO, UGT y ACCAM (Cuadros), van a tener que dar explicaciones de qué hicieron con esos 1,4 millones de euros gastados a través de unas tarjetas ilegales, tal y como denunciamos todas las acusaciones incluido el Ministerio Fiscal.

El detalle, no lejos de causarnos un verdadero estupor por “representar” a los trabajadores, es el siguiente:

·         6.  Juan José Azcona Olóndriz      99.359 €               CCOO

·         7.  Pedro Bedía Pérez       78.188,45 €          CCOO

·         8.  Rodolfo Benito Valenciano        140 .521,68 €      CCOO

·         12. Gonzalo Martín Pascual           129.750  €            UGT

·         13. Ignacio de Navasqüés Cobián                194.886,24 €       ACCAM

·         20. Francisco Baquero Noriega     266 333,61 €       CCOO

·         30.   José Ricardo Martínez Castro              44.154,12 €19     UGT

·         34.   Antonio Rey de Viñas Sánchez-Majestad         191.500,44 €       CCOO

·         42.   Miguel Ángel Abejón Resa     109.184,08 €       UGT

·         43.   Rafael Eduardo Torres Posada            82.381,64 €          UGT

·         61.- Gabriel María Moreno Flores 20.490,47 €          CCOO

Vamos a estar expectantes a los interrogatorios pero muy especialmente  a los que han vulnerado la libertad sindical y por consiguiente los derechos de los trabajadores.

En principio, es de interés para todos los trabajadores del sector, que Pedro Bedía Pérez (78.188,45€ CCOO) ha formado parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de cajas de ahorros y Francisco Baquero Noriega (266.333,61€ CCOO) es pareja sentimental de María Jesús Paredes, ex secretaria general de Comfia CCOO, que ha firmado algún convenio nuestro, por ejemplo.

Seguiremos informando.

NOTICIA PUBLICADA EN: EXPANSION.COM

La sanción se impone porque la consultora vulneró su deber de indepndencia a la hora de supervisar las cuentas de la entidad bancaria.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha confirmado hoy la multa de 12 millones de euros impuesta a la empresa auditora Deloitte por su actuación en la salida a bolsa de Bankia.

En una visita a Ávila, De Guindos ha explicado que el equipo del Ministerio encargado del recurso presentado por Deloitte ha resuelto en el mismo sentido que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) e impone la multa de 12 millones a la auditora por vulnerar su deber de independencia a la hora de supervisar las cuentas de una entidad, en este caso, de Bankia.

El ministro en funciones ha explicado que esta resolución es un "procedimiento habitual" ante la propuesta de sanción que realiza el Icac.

El 20 de octubre de 2014, el Icac aprobó el acta de la reunión de principios de ese verano en la que impuso una sanción a Deloitte de 12 millones de euros por sus trabajos para Bankia en la época de Rodrigo Rato.

El pasado 20 de junio, Deloitte y uno de sus socios, Francisco Celma, explicaron que la multa de 12 millones impuesta por falta de independencia se debió a la inexperiencia en el ámbito de la auditoría de los propios representantes de ese organismo.

Celma argumentó entonces que la sanción era "un contrasentido" ya que tanto la firma como él son expedientados por un organismo oficial, el ICAC, por haber prestado unos servicios profesionales solicitados por otro organismo del Estado, la CNMV.

ELDIARIO.ES

La decisión de la Fiscalía, tomada antes de la declaración de Deloitte, se hace pública dos días después de la petición de la auditora de investigar a los supervisores.

Anticorrupción considera que "no es posible" participar de manera imprudente en una estafa.

ARTICULO DE LA VANGUARDIA

El representante legal de la auditora Deloitte y a su socio y auditor de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Francisco Celma, declararán este lunes en calidad de investigados ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, solicitaron al magistrado el interrogatorio al considerarles "responsables directos" del "masivo fraude" perpetrado en el debut bursátil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya tomó declaración a Celma en febrero de 2013 como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.

La CIC solicitó esta diligencia después de que los peritos judiciales ratificaran que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".

La acusación popular considera que Deloitte es responsable de haber avalado las cuentas reformuladas en mayo de 2012, que también tenían "errores contables" y que los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras calificaron en su dictamen complementario de "inexplicables, sorprendentes y contrarias a la normativa nacional e internacional".

En contra de las razones esgrimidas por el equipo gestor del banco, señala que ninguna entidad española reformuló sus cuentas del ejercicio de 2011 a causa de la crisis económica ni de los reales decretos 2/2012 y 18/2012 ni por los informes de organismos internacionales.

DECLARACIONES DURANTE LA INSTRUCCIÓN

Las acusaciones, que ya solicitaron hace un año esta diligencia, fundamentan también su petición en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas.

Mora defendió ante el juez la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.

En la declaración judicial que prestó el 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu, Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.

"No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.

CASO BANKIA

En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo '15mpaRato' y UPyD --que se ha retirado del caso--, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.

En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.